Mtro. Alberto León Ramos
albertoleonramos@hotmail.com
Publicado en Tlanestli el día 14 de enero 2017
El estado mexicano cuenta con un sinfín de leyes que procuran el bienestar de los ciudadanos. Se puede considerar a México como un país democrático en tanto legisla para salvaguardar los derechos de los individuos. El poder legislativo que recae en el congreso es el responsable de generar, adecuar y reformar leyes para que sean cumplidas; mientras que el ejecutivo tiene que ser el garante de llevar a cabo estas disposiciones en todas las dependencias a su cargo; en última instancia es el judicial el que aplica aquellas leyes para garantizar el estado de derecho.
Aquí pondré atención específicamente a una ley que se enfoca en proteger a un sector de la población que parece estar olvidado, me refiero a de las personas con alguna discapacidad. La ley general que se encuentra vigente es la expedida el 30 de mayo del 2015 con una reforma del 17 de diciembre del 2015[1], estas se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación.
La presente ley es de suma importancia ya que protege el derecho de las personas con discapacidad en muchos rubros, por ejemplo: salud, educación, deporte, cultura, asistencia social, trabajo, empleo, entre otras. También es garante de que a éste sector de los ciudadanos se les trate con dignidad, equidad, respeto, igualdad, evitando así cualquier tipo de discriminación del cual pudieran ser objeto. En ese sentido el Estado mexicano es garante de los derechos fundamentales de un individuo que vive en un país democrático. Pero aquí cabe hacer algunas acotaciones que propiciarán la reflexión.
La ley general expedida es una guía de lo que se tiene que hacer para que las personas con alguna discapacidad no sean objeto de discriminación, eso es un paso importante en la consolidación del verdadero estado de derecho, pero por otro lado tiene pequeños detalles que señalar. De ello se puede mencionar que se insta a las dependencias del ejecutivo a generar programas para la inclusión de las personas con alguna discapacidad en la vida social, en el trabajo, así como en la salud; esto tiene que ver directamente con las secretarias de gobierno; es precisamente aquí donde la ley parece tener un freno. Esta observación va en el sentido porque muchas instancias gubernamentales no tienen conocimiento de la ley ni tampoco cuentan con programas o campañas que lleven a los ordenamientos, con lo cual la aplicación de aquella ley pierde fuerza. Estos casos son realmente lamentables.
Vayamos un poco más a nivel de “tierra”. Por ley toda dependencia de gobierno debería contar con accesos, rampas, señaléticas o instrumentos para el apoyo de las personas con alguna discapacidad, es decir, debería contar el edificio público con rampas de acceso perfectamente señaladas, placas con la información de la dependencia en braille e incluso con elevadores para aquellas personas que visitan las instalaciones en silla de rueda o muletas, pero en la realidad vemos que no es así. Entonces surgen diversas preguntas ¿por qué la ley no se aplica en las dependencias gubernamentales? ¿Quién debe vigilar el cumplimiento de dicha ley? ¿Por qué el estado es omiso en su aplicación?
Ahora bien, en el Estado de Veracruz se tiene la ley de integración para personas con capacidades diferentes del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial el día 11 de febrero de 2005[2]. En dicha ley también se legisla sobre temas relativos a la salud, deporte, cultura, trabajo, entre otras cosas, de los veracruzanos. Esto fue un gran avance en materia de derechos humanos para los grupos vulnerables de nuestro estado, por lo cual es un acierto para el poder legislativo.
La comentada ley tiene algunos detalles que llaman la atención, por ejemplo; en materia de salud menciona que es el DIF, la secretaria de salud son las encargadas de llevar las políticas públicas para garantizar el acceso a éste derecho universal a las personas con capacidades diferentes, difundir programas para su desarrollo, proporcionar asistencia, elaborar programas y planear acciones, etcétera. Pero no especifica montos o porcentajes que deban destinarse específicamente a éste rubro, dejando a consideración de la secretaria destinar el monto que crea conveniente; ahí cabe señalar un gran problema, pues se ha visto que la mayoría de las veces el porcentaje que se le dedica a ese sector ciudadano no alcanza a cubrir las necesidades de dichos individuos, por lo que en la practica la ley fracasa rotundamente.
Una observación más. En el rubro de educación especial. La ley menciona que la Secretaria de Educación tiene el deber de instrumentar programas, campañas, captar recursos y definir políticas que garanticen la igualdad de derechos de las personas con capacidades diferentes, pero de la misma forma no específica cómo, cuánto y dónde; aunque se puede objetar con razón que no es menester de la propia ley marcarlo, ya que es a consideración del gobierno en turno. A esto se puede objetar que en los últimos años no se le ha dado atención a este grupo vulnerable de ciudadanos en lo más mínimo.
En ese tenor, la Secretaria de Educación a través de la dirección general de educación especial sólo implementa dos servicios (USAER Y CAPEP)[3] y cuenta con un Centro de atención múltiple (CAM) para la atención a niños en edad escolar que necesitan atención especial ya que tienen algún tipo de discapacidad. Aunque es un esfuerzo bien intencionado aún no se tiene el potencial necesario para atender a todos los niños que asisten a escuelas de gobierno. He aquí otra grieta que la propia ley no contempla.
Hasta aquí se han mencionados pequeñas cosas a tomar cuenta y que seguramente llevaran a la reflexión al estimado lector. Pero no es el caso solamente evidenciar las flaquezas de las leyes mexicanas.
Para terminar éste artículo quiero mencionar una fundación que tiene por objetivo fundamental prestar ayuda a las personas con alguna discapacidad. Fundación Edna Quiroz A.C. es una organización que nace de la sociedad civil para ser un instrumento de apoyo, orientación e información a las personas que cuentan con algún familiar que tenga discapacidad, es presidido por la maestra Rosa Isela Quiroz Acosta[4]. El objetivo de la fundación es brindar apoyo socioeducativo, psicológico, psicopedagógico y fisioterapia a niños, adolescentes y adultos para mejorar su calidad de vida.
Sirva éste artículo para dos cosas: generar reflexión en torno a estos temas y dar a conocer a ésta asociación que dignifica los derechos de las personas discapacitadas.
[1] Consultar la ley en la siguiente dirección electrónica: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_inclusion_personas_discapacidad.pdf
[2] Se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/veracruz/ley-de-integracion-para-personas-con-capacidades-diferentes-del-estado-de-veracruz-de-ignacio-de-la-llave.pdf
[3] CAPEP: Centro de atención psicopedagógica de educación preescolar.
USAER: Unidad de servicios de apoyo a la educación regular.
[4] Fundación Edna Quiroz a.c., a cargo de la maestra Rosa Isela Quiroz Acosta, 2843186 y 2291174718, Facebook Fundación Edna Quiroz a.c. y correo edna.asociación@gmail.com
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